Un incidente de desacato que pone contra las cuerdas a la Fiscalía de Cartagena en un caso de terrenos aeroportuarios – Desde dentro
Se reanudó la lucha legal por los alrededores del Aeropuerto Rafael Núñez. Y esta vez EL TIEMPO conoció un
Se reanudó la lucha legal por los alrededores del Aeropuerto Rafael Núñez. Y esta vez EL TIEMPO conoció un documento que, según fuentes del juicio: podría marcar un punto de inflexión en una de las disputas inmobiliarias más complejas y de mayor duración en Cartagena. Los abogados Javier Pinedo y Eduardo del Río presentaron ante la Corte Suprema un incidente de desacato en el que acusan a la Fiscalía Seccional 20 de Cartagena de desconocer por segunda vez la decisión de la Corte Suprema de restablecer derechos en el proceso penal 247.749.
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Así lo confirma la denuncia que ya circula en los juzgados de la ciudad y a la que tuvieron acceso los medios de comunicación. La fiscalía incumplió el plazo fijado por la Sala Penal del Tribunal Supremo el 4 de agosto de 2025.el cual ordenó dictar decisión de fondo sobre la posible restitución del inmueble en un plazo máximo de tres meses. Este plazo expiró el 10 de septiembre. No pasó nada.
Este abandono, según los peticionarios, perpetúa una crisis jurídica que lleva más de trece años sin resolverse y que hoy puede agravarse «El problema de la política pública económica”, debido al volumen de construcción y venta de terrenos que la Nación considera todavía un bien público.
Advertencia: «se producen daños irreversibles»
Según los abogados, todos los días Sin una decisión de fondo, el impacto sobre el patrimonio aumenta para clientes nacionales y extranjeros. En sus cartas confirman que las empresas constructoras siguen vendiendo rascacielos residenciales, valorado en 450 millones de pesosen terrenos cuya propiedad es objeto de negociaciones entre la Aerocivil y la supervisión notarial durante más de doce años.
Aquí hay propiedades en venta en el aeropuerto. Foto:archivo privado
Uno de los casos citados es el de Laura Arias, el comprador que presentó una denuncia por fraude y una demanda civil para resolver la promesa de venta, alegando que la inseguridad jurídica respecto del inmueble impide seguir desarrollando las obras en sentido lícito. Su situación, como afirman los demandantes, “Este es sólo un ejemplo del riesgo financiero en el que pueden caer miles de compradores sin darse cuenta.«.
Esta no es una alarma nueva. documentos oficiales, Decisiones judiciales alertan desde hace más de 10 años sobre supuestas irregularidades en las tradiciones de estas tierras. Sin embargo, como afirman los autores de la petición, nunca se ha dado un escenario en el que el máximo tribunal penal del país emitiera un fallo con un plazo determinado… y la Fiscalía de todos modos guardó silencio.
La fiscalía está en la mira
Un incidente de desacato no sólo requiere que el fiscal que lleva el caso emita una decisión antes del 31 de diciembre de 2025. Va más allá: Los peticionarios insisten en que la verdadera responsabilidad es de la Fiscalía General de la Nación. como institución, por mantener en suspenso un proceso que denominan “connotación nacional«desde 2013.
Los peticionarios afirman que la verdadera responsabilidad es de la Procuraduría General de la República. Foto:Foto de : Jesús Blancquicet
El argumento sostiene que más de una década de retraso judicial ha permitido que proyectos inmobiliarios se implementen exitosamente en terrenos cuya propiedad está bajo impugnación judicial, lo que «Es una burla de los derechos de las víctimas». y socava la credibilidad del Estado en la defensa de la propiedad pública.
Según el documento, el Tribunal Supremo ya advirtió que la falta de actuación de la Fiscalía vulnera los derechos fundamentales de las víctimas: debido proceso, acceso a la justicia y reparación. Actualmente se debate si este incumplimiento se convierte en desacato sancionable según el Decreto 2591 de 1991.
Lo que está en juego: novedades, compradores y una disputa que nunca termina
El Proceso Penal 247.749 no es un expediente cualquiera. Investigan presunto fraude masivo en la compraventa de bienes inmuebles que, a juicio de la Nación, forman parte del denominado Aeropuerto Rafael Núñez. Desde 2012, la Aerocivil busca la recuperación de estos terrenos al considerar que fueron transferidos incorrectamente.
Pero mientras la disputa continúa en los tribunales, en las comunidades inmobiliarias reales, en los lobbys de ventas, plataformas inmobiliarias de promoción de particularesy compradores que adquieren –a menudo sin saberlo– activos cuya propiedad está en duda.
Para empeorar las cosas, los abogados afirman que un «daños irreversibles»: cada nueva venta, cada torre construida, cada peso invertido por un comprador de buena fe aumenta Costes económicos y legales de un posible fallo. lo que obliga a devolver la tierra a la nación.
Últimas noticias: medidas preventivas por riesgos legales en un proyecto habitacional
Aparte del incidente del desacato, Los documentos adjuntos revelan un frente paralelo: compradores exigen medidas preventivas contra empresas constructoras, argumentando que ocultaron la existencia de procesos judiciales y no informaron sobre restricciones derivadas de reclamaciones de la Aerocivil.
Las empresas constructoras ocultarían la existencia de litigios. Foto:Distrito de Cartagena
Las solicitudes incluyen suspensión del pago de tasasprohibición de vender apartamentos en venta y obligación de informar públicamente en portales, oficinas y anuncios que la inversión está ubicada en un terreno objeto de disputa legal.
Este rumbo del proceso abre una nueva dimensión: no se trata sólo de una disputa entre la Nación y los individuos, sino: posible caso de protección al consumidor que podría intensificarse mediante medidas civiles y administrativas.
que viene
La Corte Suprema debe evaluar si inicia formalmente un proceso de desacato. Si esto sucede, se le puede pedir al fiscal que lleva el caso que explique por qué no cumplió con la decisión de la Corte Suprema. Y, lo que es más importante, Oficina del Fiscal General puede estar sujeto a un mayor escrutinio después del incumplimiento caso de alto impacto urbanístico, económico y social.
Para compradores, constructores, Aerocivil y la propia ciudad de Cartagena, la decisión a tomar no es pequeña: podría determinar el futuro jurídico uno de los frentes de expansión inmobiliaria más deseables y polémicos de la ciudad.
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Por ahora, lo único que está claro es que el proceso judicial está lejos de terminar, pero está entrando en su capítulo más tenso.
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