Trashumancia: La voz oculta que viaja de noche en La Guajira – Desde dentro

Esa tarde, mientras parte del pueblo celebraba la elección de un nuevo alcalde en La Jagua del Pilar, Joaquín miró al cielo. Las espesas nubes parecieron romperse sobre la plaza. No sabía si era la lluvia que se avecinaba o la vergüenza. Estaba sentado en un parque que no conocía, en un pueblo que nunca había pisado, con el dedo todavía manchado de tinta. Había votado por un extraño en una región extranjera.

Pensó que La Jagua era su país. Esto le dijeron cuando lo convencieron para que firmara la transferencia de su DNI. Le hablaron de progreso, de oportunidad, de un pequeño favor que no perjudica a nadie. Pero esa noche comprendió que había sido un engranaje más de una máquina antigua y silenciosa: el cambio electoral.

En La Guajira, estas historias se cuentan por centenares. Cada proceso electoral repite el mismo ritual: distribución de carteles, autobuses que viajan de madrugada, inscripciones masivas en municipios donde los residentes apenas llenan las plazas. La trashumancia -el traslado irregular de votantes a lugares donde no viven- es un delito en Colombia. Sin embargo, durante muchos años en este rincón del Caribe parecía una costumbre tolerada, un secreto a voces.

La reciente condena contra el exalcalde de La Jagua del Pilar, José Amiro Morón, conocido como «El Macho», rompió esta aparente normalidad. Un juez lo puso bajo arresto domiciliario tras confirmar el traslado de votantes de otras zonas para asegurar su elección. La decisión no sólo afectó a un dirigente; Hubo un adorno a una práctica que se desarrolló sin frenos por la zona sur de la liga.

El fenómeno no es aislado. En elecciones recientes, municipios como Albany, Maicao, Villanueva, San Juan del Cesar, Fonseca, El Molino, Distracción, Dibulla, Barrancas, Uribia, Urumita y Hatonuevo registraron cancelaciones masivas de inscripciones en el Registro Nacional de los Derechos Civiles tras investigaciones administrativas. En varios casos, el número de nuevos registros superó lo normal para el tamaño real del censo.

La Comisión Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral dieron la alarma: tasas de registro inusuales en municipios pequeños donde un puñado de votos puede inclinar la balanza. En zonas escasamente pobladas, la transferencia estratégica de votantes equivale a reescribir la voluntad del público.

Algunos nombres han sobrevivido a estos años de agitación política. A Oneida Rayed Pinto Pérez, ex alcaldesa de Albania y ex gobernadora electa, se le anuló su elección por inhabilitación y enfrenta acciones legales. Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como «Kiko» Gómez, fue condenado por otros delitos graves que marcaron el contexto de un entramado clientelar en la zona. Las investigaciones no siempre terminan en condenas por conversión, pero el mapa político del departamento muestra cicatrices profundas.

¿Por qué sucede? La respuesta está entretejida entre la feroz competitividad de los clanes regionales, la fragilidad de las instituciones y las matemáticas inflexibles de las ciudades pequeñas. En los municipios donde el expediente encaja en una lista corta, un autobús lleno puede cambiar la historia.

La trashumancia no es sólo un delito técnico. Es una violación ética. Cada documento de identidad transferido reduce la confianza en la democracia local. Cada firma obtenida a través de promesas o presiones drena la autonomía de significado del territorio.

Esa noche, mientras la lluvia caía sobre La Jagua del Pilar, Joaquín comprendió que su voto le había superado. Y aunque la justicia apenas comienza a desbaratar este trabajo, el peligro aún acecha en La Guajira: elegir autoridades que no representan a quienes realmente viven en la tierra que dicen gobernar.