¡Salvación! Aprobado en el segundo proyecto de ley de debate sobre la reactivación de la misma LTDA, la lucha dura Sr. Juan Loreto Gómez Soto

La Cámara de Representantes ha dado un paso significativo al aprobar en su segundo debate el proyecto 399 de 2024. Esta legislación se centra en abordar las medidas legales, financieras y de gestión que son esenciales para la recuperación y reestructuración de la LTDA de Manaure, una comunidad que se caracteriza por su economía mixta. En este contexto, el representante de la liga de La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, desempeñó un papel fundamental como defensor de esta iniciativa, asegurando que se escuche y valore la voz del pueblo Wayuu y su historia.

Este proyecto no es solo una respuesta legislativa, sino que se configura como una estrategia planificada para enfrentar la crisis económica y social que afecta a la región. El objetivo es beneficiar a más de 3.000 familias de la comunidad Wayuu, quienes han mantenido viva la tradición de la producción de sal a través de generaciones. La propuesta contempla una inversión considerable de 61 mil millones de pesos por parte de la nación, la cual estará destinada a actualizar las operaciones de la empresa. Esto incluirá la entrega de maquinaria moderna y vehículos, facilitando así el proceso de modernización sin que estos activos se integren a la capital de la empresa.

La reestructuración de la LTDA se llevará a cabo siguiendo las directrices establecidas en la Ley 1116 de 2006, la cual permite establecer acuerdos de deuda sostenible. El proceso para la selección de la nueva junta directiva será riguroso, implicando una votación respaldada por el Ministerio de Comercio. Esta junta deberá estar compuesta por entre cinco y nueve miembros, asegurando que al menos una mujer forme parte de su estructura, junto a miembros independientes que aporten objetividad y diversidad de perspectivas. Asimismo, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Finanzas asumirán la responsabilidad de realizar análisis técnicos, financieros y legales sobre la situación de la compañía y su eficiencia, garantizando que se presenten informes anuales al Comité Económico.

Además, las normativas establecen medidas de protección para salvaguardar la estabilidad patrimonial de la nación, lo que significa que no se podrá renunciar, vender ni trasladar la participación social hasta que la inversión sea recuperada, o hasta un plazo de veinte años. De manera adicional, el gobierno tiene un compromiso claro de gestionar las condiciones laborales relacionadas con el transporte de sal en un plazo no mayor a seis meses, lo cual es crítico para la sostenibilidad económica integral de la región.

“Este proyecto no solo tiene el potencial de reactivar empresas que son estratégicas para la región, sino que también representa un símbolo de renovación económica y social. Desde la Cámara de Representantes, reafirmamos nuestro compromiso con La Guajira, sus comunidades indígenas y su derecho a un desarrollo significativo y sostenible”, expresó Gómez Soto, resaltando la importancia de esta iniciativa.

La propuesta ahora sigue su curso legislativo en el Senado de la República, donde se espera que reciba el apoyo necesario para su aprobación final, así como para las sanciones pertinentes del presidente, lo que marcaría un avance vital para el pueblo Wayuu y la economía de la región.