presunto ecocidio en Santa Marta
El corregimiento de Bonda, un importante sector rural de Santa Marta que sirve como puerta de acceso a la
El corregimiento de Bonda, un importante sector rural de Santa Marta que sirve como puerta de acceso a la Sierra Nevada, ha sido objeto de una creciente preocupación entre ecologistas, líderes sociales y la comunidad en general. Recientemente, se ha presentado una denuncia seria que ha logrado capturar la atención de todos, provocando discusiones acaloradas acerca del impacto ambiental de ciertas actividades en la región.
El abogado y activista, Rodrigo Martínez, causó revuelo al publicar un video en sus redes sociales que acusa a las autoridades de Bogotá de ejecutar una tala masiva de árboles en el campo de Bonda. A través de esta grabación, acompañada de imágenes visualmente impactantes, se puede ver la presencia de maquinaria pesada y extensiones considerablemente devastadas de vegetación. Martínez expresó: «Esto sucede en Bonda y no podemos permitirlo», advirtiendo sobre la grave situación que afecta a la biodiversidad local.
Las imágenes compartidas son contundentes y requieren poca explicación; desde su perspectiva, el área de Bonda, que solía ser rica en fauna y flora, está sufriendo una transformación drástica. «No se trata simplemente de una propiedad en particular, es parte integral de un sistema ecológico valioso que está en peligro de perderse», añadió el activista.
El contenido del video ha generado indignación entre los ciudadanos, quienes han comenzado a exigir una intervención rápida y efectiva por parte de las autoridades ambientales para detener estas actividades destructivas.
Creemos que lo que se determina sin afectar nuestro territorio
Diseño eléctrico doméstico
Corte indiscriminado en zonas rurales en Santa Marta Foto:Archivo privado
Ante la controversia, la corporación autónoma regional Magdalena (Corpamag) aclaró que la tala de árboles está relacionada con el diseño eléctrico del proyecto de fusión mutua que lleva a cabo el grupo de energía Bogotá a través de su subsidiaria. Según Corpamag, las actividades que dieron inicio en enero de 2025 cuentan con una licencia medioambiental proporcionada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en virtud de la resolución 2775 emitida en diciembre de 2024.
Además, señalaron que el proyecto busca garantizar una conexión eléctrica entre la comuna de Ciénaga y la subestación de Bonda. Dado que esta es una infraestructura de interés nacional, su licencia no está sujeta a la regulación local, lo que ha generado aún más desacuerdos entre los habitantes de la zona. El proyecto tiene autorización para utilizar hasta 269 metros cúbicos de madera en un área de 6.17 hectáreas, con un plan de compensación ambiental establecido.
A pesar de las afirmaciones de Corpamag, la entidad anunció que realizaría una visita técnica a la empresa responsable para verificar que las actividades en el campo se estén ejecutando conforme a las normativas vigentes. El subdirector de gestión ambiental, Gustavo Pertuz, comentó: «Se considera que continuamos respetando lo que se determina sin afectar nuestro territorio».
«Nadie aquí consultó con nosotros», dice la comunidad
Por su parte, los residentes de Bonda se sienten ignorados y marginados en el desarrollo de este proyecto. Juan Carlos Cantillo, un vocero de la comunidad, ha expresado su descontento por la falta de socialización de los planes de obra y ha planteado su preocupación por el impacto ambiental de estas actividades. «No estamos en contra del progreso, pero nadie consultó con nosotros. Desde el momento en que llegaron con las máquinas y comenzaron a derribar los árboles. ¿Quién se hará responsable por los animales que quedan afectados?», se quejó Cantillo, notablemente preocupado. «La Sierra no es solo un paisaje; es nuestro hogar, nuestra fuente de vida», agregó con firmeza.
El representante comunal también denunció que la empresa no ha ofrecido información suficiente sobre el plan de compensación ambiental ni ha creado un espacio de diálogo y preocupación con los habitantes de la región. «No es suficiente contar con una licencia. Es lo mínimo respetar a las personas que viven aquí», subrayó.
En medio del debate entre desarrollo y protección medioambiental, la empresa responsable del proyecto ha respondido a las críticas afirmando que todas sus actividades se llevan a cabo de acuerdo con las regulaciones ambientales y están sujetas a estrictas supervisiones técnicas. Asimismo, comunicaron que las áreas afectadas se compensarían más de seis veces mediante iniciativas de renovación ecológica y protección de ecosistemas estratégicos en la región, aunque esto no parece ser suficiente para los líderes locales y defensores ambientales.
Mientras tanto, Rodrigo Martínez ha instado nuevamente a los ciudadanos a no permanecer en silencio. «No podemos ser meros espectadores mientras nuestros ecosistemas son destruidos por permisos. Bonda tiene que ser escuchada, y esa es la demanda que hacemos», concluyó con determinación.
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Documento del periodista Jineth Bedoy. Foto:
Roger Urleles
Especial a tiempo
Santa Marta
