¿Por qué la Corte Suprema de los Estados Unidos prohíbe a Donald Trump la expulsión de los venezolanos de acuerdo con la Ley 1798?

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictado una resolución este viernes que representa un revés Contra el presidente Donald Trump, en la que se reanuda la expulsión de migrantes venezolanos, a quienes se les vincula con actividades de pandillas, bajo una ley del siglo XVIII. Este fallo fue emitido en el contexto de un clima político tenso.

En marzo, el presidente republicano tomó la decisión de invocar la 1798 Enemigos Extranjeros, una normativa que, hasta ese momento, había sido utilizada únicamente en situaciones de guerra. Con esta invocación, se busca expulsar a presuntos miembros de pandillas venezolanas, involucrados en actividades delictivas en un acuerdo con El Salvador, que se ofreció para alojar a estos deportados a cambio de compensación económica.

Trump ha señalado explícitamente que estos migrantes son miembros de la banda de Aragua, la cual ha sido calificada por el gobierno de Washington como una organización «terrorista».

La Corte Suprema, que está compuesta por un total de nueve magistrados —entre los cuales tres tienen una inclinación progresista—, tuvo su primera intervención en este caso el pasado 19 de abril, momento en el que decidieron bloquear las deportaciones sumarias de los migrantes venezolanos que se hallaban en una situación irregular rumbo a El Salvador.

¿Por qué la Corte Suprema prohíbe el uso de la ley?

En una decisión tomada con una votación de 7 contra 2, los magistrados expresaron su preocupación por la manera en que se llevan a cabo estas expulsiones, ya que consideran que los acusados no disponen del tiempo suficiente para impugnar su expulsión.

El tribunal hizo hincapié en que “una notificación aproximadamente 24 horas antes de la expulsión carece de información crucial sobre cómo ejercer los derechos para un proceso adecuado (…) no cumple con los requisitos establecidos”. Este aspecto fue fundamental en la justificación de la decisión.

A pesar de ello, la Corte Suprema consideró que este asunto era «demasiado distante de las circunstancias del terreno» y devolvió el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelación, para que emita comentarios sobre el fondo del asunto.

“Para ser claros, hoy solamente hemos determinado que los imputados tienen derecho a una notificación más extensa que la que se proporcionó el 18 de abril. Además, hemos decidido emitir una orden de precaución temporal,” subrayaron los magistrados.

“El 19 de abril, no se nos había solicitado, y ahora estamos abordando la base de las acusaciones sobre la legalidad de las deportaciones” que se realizan bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, afirmaron.

Los magistrados instan a los tribunales inferiores a abordar este caso con urgencia, ya que reconocen «la importancia de los intereses de seguridad nacional del gobierno», al mismo tiempo que se destaca la necesidad de «actuar de acuerdo con la Constitución».