No aceptó el supuesto marco de corrupción
El Tribunal Penal local 17, encargado de supervisar las garantías en Barranquilla, ha ordenado la detención domiciliaria de Dolores

El Tribunal Penal local 17, encargado de supervisar las garantías en Barranquilla, ha ordenado la detención domiciliaria de Dolores Meza Caballero, quien se desempeñaba como segundo notario público en la ciudad. Esta medida fue tomada luego de que la fiscalía presentara acusaciones sobre su posible implicación en una red delictiva que, presuntamente, facilitó la apropiación irregular de terrenos tanto públicos como privados.
Meza Caballero enfrenta cargos por delitos relacionados con la apropiación indebida, además de estar involucrada en acciones que constituyen una violación de la administración pública y urbanización ilegal. Estas acusaciones han sido formalizadas por el octavo fiscal delegado ante una administración especializada en asuntos de corrupción. Cabe mencionar que un funcionario de la corte decidió no acoger las acusaciones que habían sido presentadas.
El juez, tras analizar el caso, aceptó la solicitud de confianza en su hogar debido a su avanzada edad y a problemas de hipertensión que ha estado presentando, según reportes provenientes de fuentes judiciales.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la fiscalía, el notario público habría jugado un papel fundamental en la legalización de documentos falsos que facilitaron la venta de terrenos públicos, incluyendo un área verde destinada a un parque en la comuna de Soldados, así como propiedades reservadas para la construcción de un megacolegio.
Las acciones llevadas a cabo por esta red habrían promovido una comercialización fraudulenta de parcelas valoradas en aproximadamente 50 millones de pesos, lo que representa una defraudación estimada en 22 mil millones de pesos, sobre un área total aproximada de 277,000 metros cuadrados.
Controversia sobre la apropiación de tierras públicas
El nombre de Dolores Meza Caballero se encuentra vinculado a otros 17 implicados en esta operación contra la corrupción, muchos de los cuales son o fueron funcionarios de la administración de Lonelidad y otras oficinas de instrumentos públicos.
17 detenidos en caso de apropiación de tierras. Foto:Policía
Las autoridades han señalado que esta red criminal facilitó la creación de un registro irregular de propiedades, la anulación de resoluciones judiciales y la ocupación ilegal de tierras, utilizando documentos emitidos por la policía para personas naturales.
Entre los funcionarios implicados, la fiscalía mencionó a registradores que fallaron en verificar la legalidad de los títulos, notarios que protocolizaron documentos sin realizar las debidas comprobaciones fiscales o de antecedentes legales y calificaciones adecuadas. Asimismo, se identificó a varios inspectores de policía que justificaron la ocupación ilegal de terrenos públicos a través de actividades irregulares.
Este escándalo, que se destapó recientemente, ha impactado a familias, incluyendo un total aproximado de 1800 personas. El presidente Gustavo Petro ha denunciado la situación, señalando que la toma indebida de patrimonio público retrasa importantes proyectos urbanos, así como jardines y centros culturales que benefician a la comunidad, generando un caos legal sin precedentes.
Las autoridades han afirmado que esta es solo la primera fase de una investigación más extensa. Tanto la fiscalía como la policía nacional continúan recolectando pruebas para llevar ante la justicia a todos los presuntos responsables de esta trama de corrupción.
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