Las pérdidas por robo de agua superan los 21.000 millones de dólares: alerta triple A – Desde dentro
“El agua que se pierde por conexiones ilegales es agua que deja de llegar a quienes cumplen”, advirtió. Gerente
“El agua que se pierde por conexiones ilegales es agua que deja de llegar a quienes cumplen”, advirtió. Gerente Triple A Ramón Hemer Redondo revelando la magnitud del fraude del agua en el Atlántico.
Este es el panorama crítico que enfrenta el departamento del Atlántico con la expansión de conexiones ilegales al sistema de acueductos, delito que ya deja fuera de combate a más de 34 mil irregularidades detectadas en el periodo de 2024 al actual año 2026, según la empresa.
Las cifras muestran un patrón sistemático de fraude líquido Generó pérdidas por más de 21 mil millones de pesos.
Sólo entre enero de 2024 y diciembre de 2025, la empresa logró identificar 32.018 irregularidades y recuperó casi 4 millones de metros cúbicos de agua. En lo que va de 2026 ya se han sumado 2.110 nuevas anomalíascon un volumen cercano a los 446 mil metros cúbicos, equivalentes a más de 2 mil millones de pesos.
Una red de fraude en hogares, empresas y zonas rurales
Las investigaciones revelaron diversos tipos de fraude, que van desde contadores manipulados hasta conexiones secretas conectadas directamente a la red pública. Los casos documentados se refieren tanto a viviendas como a locales comerciales, e incluso a propiedades rurales y agroindustriales.
En esta finca del municipio de Candelaria fue descubierto un oleoducto ilegal. Foto:Cortesía de Aqsur
En Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, uno de los hallazgos más significativos se registró en un predio que También sirvió como lavandería, cancha sintética, barbería y estacionamiento. donde el medidor cambiado alimentó ilegalmente toda la infraestructura. Las pérdidas estimadas superaron los 4.000 metros cúbicos de agua.
En otro punto de la misma comuna, las autoridades detectaron aprox. una conexión secreta que impulsó varios negocios, incluido un restaurante, una mesa de billar y una gasolinera. Este caso fue uno de los mayores impactos económicos en una zona urbana, con pérdidas superiores a los 36 millones de pesos.
Barranquilla tampoco evita el problema. En distritos, por ejemplo La Sierra, San Felipe y Colombia, establecimientos comerciales e incluso una clínica donde se descubrieron conexiones ilegales ocultas, algunos instalados bajo tierra para evitar la inspección.
En las zonas rurales, el panorama es igualmente preocupante. En Ponedera, una finca conocida como Asturias registró una pérdida de casi 9.000 metros cúbicos de agua, se trata de una de las tasas más altas detectadas en lo que va del año. En el mismo sector, una piscifactoría reincidente acumula procesos previos por fraude, lo que demuestra la persistencia del delito.
Procedimientos judiciales y consecuencias penales
Ante estos hallazgos, Triple A ha intensificado sus acciones no sólo a nivel técnico, sino también a nivel judicial. Cada caso detectado es objeto de una denuncia penal ante Oficina del Fiscal Generalen colaboración con la Policía Nacional.
Aviso emitido por Triple A para advertir lo delicado de la situación. Foto:Triple A
El delito de defraudación de liquidez está tipificado en el Código Penal colombiano y conlleva penas de prisión que van de 16 a 72 meses, además de sanciones financieras. La empresa también tiene derecho a recuperar el valor de los consumos no facturados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 142 de 1994.
Las operaciones incluyen tecnología de detección avanzada que permite identificar conexiones irregulares. sin suspender el servicio, así como procesos de normalización, cálculo de pérdidas y seguimiento de las características del reincidente.
Triple A advirtió que este fenómeno no solo afecta la durabilidad del sistema, sino que afecta directamente a los usuarios que pagan por el servicio, generando sobrecostos y afectando la continuidad del suministro.
Considerando este escenario, La empresa instó al público a denunciar conexiones sospechosas. y contribuir a la protección de los recursos hídricos, considerado un bien público esencial.
