La Corte Suprema ratifica al juez que compite en caso de robo de tierras
Recientemente, el Tribunal Supremo de Barranquilla ha tomado una decisión trascendental en un caso que ha captado la atención
Recientemente, el Tribunal Supremo de Barranquilla ha tomado una decisión trascendental en un caso que ha captado la atención pública debido a la gravedad de las acusaciones: se trata del presunto Robo de tierra en Barranquilla y Soledad. En esta providencia, el tribunal declara que el Juez 101 Criminal Municipal de Control de la Garantía de las Ambulancias, Ángel Augusto Monroy Rodríguez, posee la competencia necesaria para realizar interrogatorios y solicitar un seguro de responsabilidad civil en relación a las personas que fueron detenidas en el marco de este caso.
Esta determinación del Tribunal Supremo resulta en una reversión a la declaración de incompetencia que fue emitida por el juez Monroy Rodríguez en una audiencia previa. En aquella ocasión, el juez argumentó que su especialización se centraba en asuntos vinculados con grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO), lo que lo llevó a considerar que el caso no le correspondía.
La oposición a esta postura vino de parte de los representantes de las víctimas, quienes se sintieron obligados a recurrir a instancias superiores. El abogado de las víctimas, Alfonso Cameran, advirtió durante el juicio sobre la naturaleza «precipitada» de la decisión del juez, enfatizando el riesgo de una eventual invalidez que podría afectar este proceso judicial.
Entre los implicados hay funcionarios públicos. Foto:Prensa de la policía de Barranquilla
En su providencia, el Tribunal Supremo no solo instruyó que se convirtiera el caso en el Tribunal de Origen, sino que también solicitó que se cooperen las copias a la sección del Comité de Disciplina Atlántica para llevar a cabo una investigación disciplinaria contra el árbitro Monroy Rodríguez. La Corte fue contundente, señalando que la acción del juez «también conspira contra el debido proceso y los derechos fundamentales de los usuarios del servicio de justicia».
La preocupación de los representantes de las víctimas radica en el temor de que esta demora «injustificada» pueda resultar en la liberación de 17 detenidos asociados a este caso. Cabe destacar que de los 17 arrestos, 16 ya han sido considerados legales, mientras que solo el caso del inspector de policía Marlon Mora Montesino fue declarado ilegal, esto debido a un error de forma en una decisión judicial.
Ana Dolores Meza Caballero, la segunda notaria pública, fue capturada por la policía. Foto:Redes sociales
Involucrados
Entre los implicados en este supuesto robo de tierra se encuentran nombres destacados, como Juan Manuel Ucrós Ucrós, Registrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, quien forma parte de la Oficina Legal del Alcalde de Soledad; y José Luis Pacco Teherán, abogado calificado de la misma oficina. También están involucrados Iván Páez, Secretario de Soledad; y David de Castro, ex-Registrador de Soledad.
La lista de acusados continúa con figuras como Neissy Cantillo del Toro, ex-inspector de policía de Soledad; Ismael Cárcamo e Inés Salas, quienes han sido señalados como factores de corrupción en este escándalo; así como el abogado José Márquez; y Francisco Mejía, notario público de Santo Tomás. Además, se mencionan a los procesadores Luis Martínez y a los abogados Rafael Bossio y Alex Ahumada, junto a los acusados Wilmar Machuca y José Peñaloza, presuntos cabecillas de actividades irregulares. También se menciona a Roque José Lug, presunto testigo falso en este caso, así como a la segunda notaria, Ana Dolores Meza Caballero, quien fue detenida recientemente.
Conforme a la decisión del Tribunal Supremo, la audiencia resumida contra los detenidos se llevará a cabo el próximo 29 de abril, lo que representa un avance significativo en este caso complejo y cargado de expectación.
Las autoridades han revelado más detalles sobre esta situación. Foto:Prensa de la policía de Barranquilla
