Juan Loreto Gómez, logra aprobar en el primer proyecto de discusión para el agua potable en Uribia, Manaure y Maicao –

El propósito del proyecto es incluir un nuevo párrafo en el Artículo 18 de la Ley 677 de 2001, de modo que el 25% de la recaudación de bienes destinados a productos que atraviesan un área de aduanas especial sea utilizado para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema de tratamiento y eliminación de agua potable entre los guardianes indígenas.

La Tercera Junta Ejecutiva, que obtuvo aprobación en el primer debate del proyecto de ley 388 de 2024, fue impulsada por la División La Guajira y redactada por Juan Loreto Gómez Soto, con el apoyo del parlamentario conservador Wadith Manzur. Este proyecto es fundamental para asegurar que las comunidades de Uribia, Manaure y Maicao, donde reside la población indígena Wayuu, tengan un acceso estable y sostenible al agua potable.

El principal objetivo del proyecto se centra en añadir un párrafo nuevo al Artículo 18 de la Ley 677 del año 2001, estipulando que el 25% de la recolección de bienes que se destinen a productos dentro de un área de aduanas especial se emplee en mantener y garantizar la sostenibilidad del sistema de tratamiento y eliminación del agua potable en beneficio de los guardianes indígenas.

“A través de este proyecto, pretendemos implementar soluciones planificadas y sostenibles que aseguren un acceso continuo al agua potable. A lo largo de los años, cada administración ha tratado de abordar este problema con soluciones temporales que, lamentablemente, se han desvanecido debido a la falta de financiamiento en los municipios”, aseguró Juan Loreto Gómez.

El portavoz del proyecto, apoyado por el representante Wadith Manzur, enfatizó la importancia de esta iniciativa: “El objetivo es asegurar que haya una asignación especial para el mantenimiento de pozos profundos, que son la fuente principal de agua para estas comunidades”.

La zona de aduanas especial de Maicao, Uribia y Manaure, ya establecida por la Ley 677 de 2001, busca impulsar el desarrollo económico en estas áreas fronterizas mediante incentivos fiscales y arancelarios. En este contexto, el 10% de la recaudación del impuesto sobre la reexpedición, que se genera en este puerto, se destina a inversiones sociales en el puerto de Bahía Porttete. Asimismo, este proyecto de ley busca redistribuir los beneficios fiscales de manera que impacten directamente en el bien común de los municipios, destinando el 25% de este impuesto al mantenimiento de los sistemas de agua potable en Maicao, Uribia y Manaure, donde operan las autoridades aduaneras.

Aparte de asegurar el acceso a servicios básicos fundamentales, la Ley 388 de 2024 también tiene como objetivo mejorar la salud pública, disminuir la contaminación de fuentes de agua, y facilitar la preparación de alimentos. Esto se traducirá en un mayor tiempo disponible para el estudio, el trabajo y el fortalecimiento de la comunidad.

En la actualidad, el proyecto se someterá a la votación de los parlamentarios en la Cámara de Representantes, donde se anticipa que recibirá un apoyo considerable, dado su enfoque social, costero y humano.