Expertos advierten que la suspensión del Estatuto de Roma por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela es ‘constitucional’ y no detiene la investigación de la CPI – Desde dentro
En una medida calificada de «jurídicamente errónea» por fuentes conocedoras del asunto, el chavismo anunció la derogación de la
En una medida calificada de «jurídicamente errónea» por fuentes conocedoras del asunto, el chavismo anunció la derogación de la ley que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) a través de la Asamblea Nacional (AN).
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Expertos en derecho internacional y relaciones exteriores señalan que este camino difiere del mecanismo constitucionalmente establecido.
La decisión del parlamento, anunciada por su presidente, Jorge Rodríguez, jefe negociador de Nicolás Maduro, se produce después de que la CPI anunciara que retiraba su oficina en Caracas porque el Estado venezolano no cooperaba con la investigación sobre los continuos crímenes de lesa humanidad de la entidad en el país.
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«Para que quede en un registro histórico que salimos de esa corte porque somos unos inútiles, pero también salimos porque condenamos el vasallaje de los representantes de la Corte Penal Internacional», dijo Rodríguez.
Defensores de derechos humanos explicaron a EL TIEMPO que la Asamblea Nacional no tiene la facultad de derogar una ley internacional.
En ese sentido, sugirieron que la forma ideal de dar por terminado un tratado internacional recae exclusivamente en el Presidente de la República, sin necesidad de autorización legislativa.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Foto:AFP
Además, salir del Estatuto de Roma tiene unos cuantos pasos y tarda alrededor de un año en entrar en vigor.
«No le corresponde al parlamento, es inconstitucional en cuanto es una facultad que pertenece al poder ejecutivo», dijo a EL TIEMPO Calixto Ávila, representante en Europa del Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos.
Ávila también recordó que si la carta es condenada por el Estado venezolano, a través del procedimiento correspondiente al poder ejecutivo, la denuncia recién entrará en vigor un año después, pero que la investigación por crímenes de lesa humanidad continúa.
«Todo lo cometido entre la denuncia y el año puede ser investigado, y además todas las obligaciones para los casos de cooperación con la Corte Penal Internacional y todas las investigaciones que ya están en curso, deben cerrarse y el Estado tiene la obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional».
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Los tratados que Venezuela ha denunciado o abandonado
No es la primera vez que Venezuela denuncia un tratado o abandona una organización. Este precedente se sentó con la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del expresidente Hugo Chávez, que procedió directamente por decreto.
Los defensores de los derechos humanos creen que la decisión de utilizar medios legislativos también plantea dudas sobre una posible estrategia de demora.
Si el presidente hubiera rescindido directamente el estatuto, la medida se implementaría de inmediato. Sin embargo, el actual proceso ha contemplado un lapso de días entre la primera y la segunda discusión en la AN.
Efectos y consecuencias de la denuncia contra el régimen de Maduro
Nicolás Maduro. Foto:EFE/Ronald Peña R.
El plazo de un año para que la denuncia entre en vigor sólo comienza a correr cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores notifica formalmente a la CPI en La Haya.
En cuanto a los efectos de la denuncia, se estiman limitados, afectando principalmente la cooperación formal entre Venezuela y la Corte:
- Cese de Cooperación: Venezuela dejará de proporcionar cualquier tipo de información o documentación a la CPI. Cooperación, que ya se percibía como escasa o simbólica.
- La investigación continúa: El proceso de investigación en curso de la CPI no termina con la denuncia. La Corte seguirá dependiendo de sus propios recursos, de las víctimas y de las ONG para documentar los casos.
- Precedente filipino: La situación en Venezuela se compara con el caso de Filipinas, cuyo gobierno condenó el Estatuto de Roma, pero la investigación de la CPI continuó, resultando en el arresto del expresidente Rodrigo Duterte.
Las expectativas de los expertos se centran ahora en la presentación formal del caso por parte del Fiscal de la CPI. Incluso si el caso se archiva con posterioridad a la presentación de la denuncia, ésta tendrá plena validez.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZO
CORRESPONSAL DEL TIEMPO
CARACAS
