El interventor constató incumplimiento en la administración del impuesto turístico – Desde dentro

Revisión Contraloría General de la República encontró grave y generalizado incumplimiento en la recaudación, administración y aplicación del Impuesto Nacional al Turismo, con hallazgos fiscales por $28.310 millones, correspondientes a fondos de
período de validez en 2023 y presentación tardía de declaraciones de impuestos.

El caso de mayor impacto se concentra en el proyecto de muelles fluviales que ejecuta el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) en 81 municipios del país, el cual se financia con cargo a dicho impuesto. Según el informe, se identificaron posibles infracciones disciplinarias y graves deficiencias en la planificación, supervisión y gestión contractual del proyecto.

El proyecto, que corresponde al año fiscal 2023, preveía la instalación de 88 muelles fluviales y fue inaugurado oficialmente el 26 de diciembre de ese año, con un plazo de ejecución de 20 meses y una fecha de finalización prevista para agosto de 2025. Sin embargo, aunque la producción de los 88 módulos se completó en su totalidad, se instaló una revisión y solo se pusieron en funcionamiento cinco instalaciones municipales en Santander, Bolívar y Magdalena. Esta situación mostró un gran desfase entre la ejecución financiera y el avance físico de las obras, lo que amenazaba la eficiencia del gasto público y la finalidad social de los fondos.

Otro hallazgo relevante señalado por la Contraloría corresponde a la presentación extemporánea de las declaraciones del Impuesto Nacional de Turismo de 2021 y 2022, lo que provocó un supuesto impacto tributario de $5.303 millones. El organismo de control ha alertado sobre fallas en los mecanismos de seguimiento y control por parte de la DIAN, FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), así como posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de estas fallas.

El informe también cuestiona la gestión del Ministerio de Hacienda, la DIAN, el MinCIT y el FONTUR en el manejo de estos recursos, que son considerados cruciales para la promoción, competitividad e infraestructura del sector turístico, uno de los motores de la economía nacional. La Contraloría advirtió que la DIAN no implementó efectivamente sus facultades de inspección y control tributario, lo que aumenta el riesgo de pérdida de fondos públicos y afecta la posibilidad de su ingreso al presupuesto general de la nación.

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