El gobernador Bolívar advierte la crisis fiscal debido a los alimentos para los detenidos en las estaciones de URI y de policía
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Paduí, lanzó una advertencia contundente durante el reciente Congreso Nacional de Municipios, que

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Paduí, lanzó una advertencia contundente durante el reciente Congreso Nacional de Municipios, que se celebró esta semana en Cartagena. Desde el 30 de junio, de acuerdo con Arana, los líderes territoriales se verán obligados a asumir una carga financiera que, según él, es insostenible y desequilibrada.
Esta problemática surge a raíz de una decisión judicial que ha adquirido carácter legal. Esta resolución establece que los gobernadores y alcaldes son responsables de financiar la alimentación de personas privadas de libertad, específicamente en centros de reclusión como URI y estaciones de policía.
“Nos obligan a elegir entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la comida escolar para nuestros hijos”, manifestó Arana en un tono enérgico. “Entendemos el componente humanitario de esta situación, pero esto no debería ser responsabilidad de las entidades territoriales”, agregó, visiblemente frustrado.
La normativa en cuestión se origina de una decisión del Tribunal Constitucional de 2022, que fue transformada en ley por el Congreso, que Transfiere a las entidades territoriales la responsabilidad de asegurar condiciones dignas para los detenidos en centros de detención, en respuesta a la sobrepoblación y a numerosas denuncias por violación de derechos humanos.
Yamil Arana, gobernador Bolívar. Foto:Juan David Camacho. Tiempo
Sin embargo, para muchos dirigentes locales, la transferencia de responsabilidades sin la asignación adecuada de recursos representa un golpe directo a sus finanzas. En Bolívar, aproximadamente 3.000 personas permanecen en las instalaciones de la policía y las estaciones de URI, lo que implicaría un impacto millonario en el presupuesto departamental, que ya enfrenta restricciones para asistir a áreas críticas como la salud, la educación y condiciones sanitarias básicas.
“Este compromiso afecta nuestra autonomía fiscal. Es injusto que el Tribunal, al que respetamos profundamente, no considere la realidad presupuestaria de los departamentos”, exclamó Arana Paduí. “Nos están imponiendo una carga que no podemos asumir. Nuestros ingresos son limitados y, en muchos casos, regresivos. Ahora corremos el riesgo de sacrificar programas sociales esenciales”.
El gobernador también criticó el silencio del gobierno nacional respecto a la provisión de fondos para cubrir estas nuevas obligaciones. “Lo mínimo que se puede esperar es que se evalúe el impacto fiscal de estas decisiones. La carga no se puede imponer desde un nivel central sin tener en cuenta las capacidades reales de los territorios”, declaró.
Es importante señalar que el gobernador de Bolívar no se encuentra solo en esta situación. Varios líderes regionales han alzado la voz en las últimas semanas, advirtiendo que esta decisión pone en riesgo el desarrollo sostenible de sus planes. Algunos incluso han solicitado que se detenga la implementación de la medida hasta que se garantice el financiamiento necesario.
Detenidos en Cartagena. Foto:Vanessa Romero, Tiempo
La controversia plantea una cuestión crucial: ¿Quién debería financiar el sistema penitenciario, especialmente en regiones más vulnerables? Para los gobernadores, la respuesta es clara: esta responsabilidad siempre ha recaído en el gobierno nacional, y debería seguir siendo así.
A medida que se acerca la fecha límite del 30 de junio, el debate continúa abierto. Las entidades territoriales requieren de manera urgente un diálogo entre el ejecutivo y el Congreso para revisar el alcance de esta medida. De lo contrario, advierten, “serán los niños, los jóvenes y las poblaciones más vulnerables quienes paguen el precio de decisiones tomadas sin el apoyo presupuestario adecuado”.
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Documento del periodista Jineth Bedoy. Foto:
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