Dos extranjeros sufrieron esta consecuencia legal para no escribir
La reciente implementación de la orden firmada por el presidente Donald Trump ha causado una considerable conmoción en la
En esta ocasión, se trata del segundo caso identificado, que tiene lugar en Texas, mientras que el primero se reportó en Arizona. Esta situación ha generado inquietud y temor entre la población inmigrante, que ya enfrenta retos significativos en su día a día.
Incertidumbre entre los migrantes sobre el registro obligatorio con USCIS debido al temor a la deportación, ¿qué sucede si no lo hago?
La disposición que exige el registro de migrantes se estableció mediante la Orden Ejecutiva 14159, firmada el mismo día de la asunción de Trump como presidente. Esta orden fue presentada como una medida para reforzar la seguridad nacional dentro del amplio plan del gobierno contra la inmigración ilegal. Sin embargo, aunque Trump ha afirmado que esta acción permitirá a los migrantes legales contribuir a la seguridad del país, muchos han expresado que estas afirmaciones no reflejan la realidad que viven a diario.
Los derechos civiles, activistas y representantes de la comunidad han levantado la voz para expresar sus preocupaciones respecto a esta orden. El clima de miedo que genera puede ser perjudicial no solo para los inmigrantes, sino también para sus familias y comunidades. En una entrevista con el Los Ángeles Times, Gloria Fuentes, residente de Los Ángeles, manifestó su ansiedad sobre la nueva normativa, señalando: “No sabemos si debemos registrarnos o no. Las autoridades ya saben dónde estamos, porque mi esposo paga impuestos”, lo que refleja una preocupación legítima por las represalias a las cuales se podrían enfrentar.
La CEO de la National Partnership for New America (NPNA), Nicole Melaku, recordó que este tipo de sistema ya ha estado presente en Estados Unidos, y a menudo ha traído consecuencias negativas para las comunidades afectadas. La presión social y legal sobre los inmigrantes es un tema bien documentado. Asimismo, Angélica Salas, líder de la Coalición de Inmigrantes de Derechos Humanos (Chirla), criticó la medida y subrayó: «Este sistema está diseñado para introducir miedo y facilitar la separación de la familia».
A partir del 11 de abril, los migrantes que decidan ignorar esta orden pueden enfrentar severas multas de hasta $5,000. Además, quienes no acaten esta nueva normativa podrían encontrarse con hasta 30 días de detención y ser considerados culpables de un delito menor, según lo estipulado por USCIS. Esta cadena de consecuencias legales genera un clima de ansiedad y temor en una comunidad que ya se siente desprotegida y vulnerable.
