Dayana Jasir cuestionará una sentencia de 57 años por el asesinato de su esposo, el doctor Eduardo Pinto
Dayana Jasir de la Hoz, quien fue sentenciada esta semana a un total de 57 años y seis meses

Dayana Jasir de la Hoz, quien fue sentenciada esta semana a un total de 57 años y seis meses de prisión, está bajo el foco de atención luego de ser condenada por el asesinato de su esposo, un médico legal reconocido, Eduardo Pinto Viloria, que había ocupado el cargo de director regional de medicina legal en Barranquilla. Su defensa ha anunciado que planea impugnar la sentencia emitida por la Corte Suprema de esta ciudad, lo que indica que el caso podría tener nuevas ramificaciones legales en el futuro.
La decisión de la Corte Suprema anula el fallo anterior que la había absuelto, calificando a Dayana como responsable de un crimen que tuvo lugar el 4 de mayo de 2016. De acuerdo con la condena dictada, fue hallada culpable de asesinato agravado, en una concurrencia heterogénea con un porte ilegal de armas y robo calificado. Estos delitos han llevado a una serie de implicaciones legales significativas y la atención mediática no ha dejado de crecer desde el inicio del caso.
Después de escuchar la sentencia durante la audiencia pública, Dayana Jasir declaró: «Haré un desafío especial y lo haré después de 5 días». Esta afirmación subraya su intención de apelar la decisión de la corte, lo que augura un prolongado proceso judicial.
Dayana Jasir
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La apelación será presentada por su abogado, Julio Ojito Palma, quien indicó que el recurso se presentará ante el Tribunal Supremo en el marco del tiempo legal estipulado, que consta de cinco días hábiles. «La defensa técnica del Dr. Dayany Yael Jasir de La Hoz presenta el recurso para garantizar que se respete el debido proceso, dado que la Corte reconoce la necesidad de justificación en su providencia», explicó el abogado a los medios.
Ojito detalló que el principio de doble compatibilidad protege a las personas que han estado involucradas en procesos similares y han recibido decisiones variadas en distintos juicios. «Este es un derecho constitucional que permite las revisiones por parte de la Corte Suprema en situaciones como esta», añadió, estableciendo la relevancia de la situación legal a la que se enfrenta su clienta.
57 años de prisión
La decisión del tribunal, encabezada por el juez Jorge Eliécer Cabrera, consistió en la imposición de una severa pena de 57 años y 6 meses de prisión, junto con la descalificación de funciones públicas por un periodo adicional de 20 años. La medida también incluyó la orden para la captura inmediata de Dayana Jasir y su traslado a un centro de custodia, un proceso que fue notificado a la Policía de la Corte y a la Policía Nacional ante los temores de fuga.
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El texto de la sentencia menciona que «La Sra. Jasir debe estar disponible para el tribunal para estos fines», señalando la importancia de su presencia durante los procedimientos judiciales que se avecinan.
La condena fue fundamentada por el tribunal, que argumentó que existían «motivaciones procedimentales acreditadas» que facilitaron la determinación de la responsabilidad de la acusada en la planificación y ejecución de un delito que ha conmovido a la opinión pública durante casi diez años.
El caso ha captado una atención mediática considerable en Barranquilla y en todo el país, no solo por el perfil notable de la víctima, quien dirigió la sede regional del Instituto Nacional de Medicina Legal, sino también por las complejidades del proceso judicial. Originalmente, Jasir había sido absuelta en 2022 por una segunda corte penal regional, pero esta decisión fue revocada por la Oficina del Fiscal, lo que llevó a una revisión por parte de la Corte Suprema, culminando en la actual condena.
Con el anuncio de la apelación, el caso entrará en una nueva fase ante la Cámara Penal de la Corte Suprema, que tendrá la tarea de evaluar la legalidad y la razonabilidad del fallo de la segunda instancia.
Por el momento, la defensa trabaja en la elaboración de un documento detallado que respalde su desafío especial, el cual deberá presentarse por escrito ante la Corte Suprema en Bogotá.
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