Contraloría alerta sobre déficit financiero de las universidades públicas del país – Desde dentro
La Contraloría General de la República publicó los resultados del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas de
La Contraloría General de la República publicó los resultados del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas de Colombia (2019-2024)”, el cual representa un análisis técnico exhaustivo de la situación presupuestaria, operativa y financiera de 34 universidades públicas del país donde se identificó una alta concentración de recursos públicos en un pequeño grupo de instituciones académicas con mayor matrícula.
El documento se refiere específicamente a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad del Valle (Univalle), que concentran el 48% del ingreso nacional y el 37% del ingreso territorial.
El análisis del gasto en el sistema universitario público revela una alta concentración de recursos en las instituciones más grandes. A nivel nacional, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la UNAD concentraron el 36,3% de los costos y el 50% de los costos, mientras que a nivel territorial la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle representaron el 36,4% de los costos y el 44,4% de los costos. Este comportamiento confirma el peso financiero que asumen las universidades con mayor cobertura y responsabilidades misionales dentro del sistema.
En términos de solvencia financiera, el 75,8% de las instituciones públicas de educación superior muestran indicadores adecuados que respaldan sus obligaciones. Sin embargo, casi una cuarta parte tiene un bajo nivel de solvencia, lo que limita su margen de maniobra. Aunque la deuda se ha reducido en varias universidades, el foco principal del riesgo estructural siguen siendo los pasivos por pensiones, que alcanzarán los 10,3 billones de dólares en 2024. Esta carga está altamente concentrada en la UNAL y la Universidad del Valle, que en conjunto representan el 57,8% del total, desviando recursos clave hacia la enseñanza, la infraestructura y la expansión institucional.
Las consultas realizadas en 31 universidades públicas confirman estos hallazgos y destacan problemas recurrentes como contribuciones estatales insuficientes, crecimiento continuo de los costes de personal, presión de las obligaciones de pensiones y dificultades para aumentar los ingresos propios. Las instituciones coinciden en la urgencia de actualizar la Ley 30 de 1992, diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer la cooperación interinstitucional como estrategia para mejorar la sostenibilidad del sistema.
En este contexto, el impacto fiscal del Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30 y se encuentra pendiente de sanción presidencial, genera estimaciones diferentes. Mientras que el Departamento de Educación estima los costos en $22.1 mil millones para 2040, la Contraloría sitúa la cifra en $27.8 mil millones en el corto plazo. Aunque el proyecto ha sido evaluado positivamente por el movimiento hacia la educación gratuita y una mayor inversión en educación superior, el estudio advierte que cualquier aumento debe estar respaldado por fuentes de financiación claras y sostenibles, en un sistema que continúa enfrentando profundas desigualdades y presiones financieras estructurales.
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