Capturaron a cuatro miembros de «Shottas»: dos de ellos consistían en una mesa de habitación.
Las operaciones militares y policiales que se llevan a cabo en Buenaventura, como parte del plan de choque implementado
Las operaciones militares y policiales que se llevan a cabo en Buenaventura, como parte del plan de choque implementado en el Valle del Cauca, han demostrado ser una respuesta efectiva ante la inseguridad de la región. Estos esfuerzos no son meramente simbólicos, sino que representan un avance significativo contra las organizaciones criminales que operan en la zona.
Recientemente, se llevaron a cabo una serie de operaciones continuas que han resultado en la captura de individuos clave vinculados a actividades delictivas en el puerto. La más reciente culminó con la detención de cuatro sospechosos que supuestamente forman parte de la estructura criminal conocida como «Shottas».
No obstante, lo sorprendente de esta situación es que dos de las personas arrestadas pertenecían a la mesa socio -Siły, una iniciativa liderada por el gobierno nacional, que aspira a alcanzar un acuerdo de paz con los «espartanos». Esta última organización criminal es responsable de múltiples actos atroces que han dejado una estela de víctimas en el puerto del Pacífico.
Las autoridades están trabajando para influir en los grupos criminales que operan en la región. Foto:Gobierno del Valle del Cauca
«De los detenidos, dos actuaban como voceros dentro de esta mesa y se encuentran actualmente bajo custodia. Es crucial destacar que aquellos que buscan la paz serán respaldados y protegidos, mientras que aquellos que perpetúan la violencia serán perseguidos y detenidos», afirmó Dilli Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, quien también subrayó la importancia de los resultados obtenidos en las operaciones.
Afectar las economías ilegales de la zona
Las acciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas de Colombia y la Policía Nacional han llevado a una localización simultánea y desmantelamiento de dos unidades de producción ilegal en las zonas rurales de Buenaventura.
Las autoridades estiman que estos operativos impactan en aproximadamente 5,400 millones de pesos al año en los ingresos de la organización «Jaime Martínez», un disidente de las FARC, bajo el mando de del «mordida» conocido por su notoriedad.
Durante estas intervenciones de las fuerzas del orden, fueron confiscados y destruidos de forma controlada, bajo la supervisión de expertos, varios equipos, incluyendo tres retroexcavadoras, dos canales de drenaje y dos motobombas.
«Estas maquinarias tenían una capacidad de producción mensual de alrededor de 1,500 gramos de oro, lo que se traduce en pérdidas directas de más de 1.8 mil millones de pesos al mes para estas economías ilegales», advirtió un oficial de la Policía del Valle del Cauca.
Además, se observó que estas estructuras vertían aproximadamente 55 kilogramos de mercurio en el río Dagua cada mes, ocasionando un grave daño ambiental a los ecosistemas locales y exponiendo a las comunidades rurales circundantes a serios riesgos para la salud.
Estructura minera ilegal en las áreas rurales de Buenaventura Foto:Gobierno del Valle del Cauca
Intervención del Frente 57 «Yair Bermúdez»
Desde la Policía del Valle, se informó también de un golpe contundente contra el frente 57 «Yair Bermúdez» de disidentes de las FARC en el sector moral de Tuluá, donde se logró la captura de dos integrantes que al parecer se dedicaban a poner presión a los comerciantes en la zona.
Según la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la policía del Valle, uno de estos individuos, conocido como Cristian, es famoso por su participación en actividades de extorsión en la comuna “del corazón” del Valle del Cauca.
“Durante la operación, se incautó un arma de fuego, así como dos explosivos improvisados con los que procedían a intimidar tanto a comerciantes como a residentes locales”, destacó la oficial.
Mientras tanto, se añadió que el gobierno ha establecido una bolsa de recompensas para aquellos que proporcionen información que ayude a mitigar las actividades terroristas, buscando así el apoyo de la ciudadanía en el combate a la delincuencia.
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