El partido de gobierno nicaragüense gasta millones en comprar a militantes – Desde dentro
En Nicaragua el clima de incertidumbre no distingue entre lo público y lo privado: se respira en las oficinas,
En Nicaragua el clima de incertidumbre no distingue entre lo público y lo privado: se respira en las oficinas, en las calles y en los barrios de todo el país. Para muchos nicaragüenses, el silencio no es una opción, sino una necesidad para sobrevivir al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hablar abiertamente puede llevar a que un comentario llegue a oídos de los vigilantes del partido: los militantes sandinistas.
Hace dos meses, Juan fue presionado por una mujer sandinista del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de su barrio para afiliarse al partido oficial. El joven primero se negó, pero ante la insistencia, llenó el formulario de militancia por temor a tener problemas con la autoridad. “Ahora tengo que fingir que soy sandinista por miedo a que me fichen como opositor”, explica Juan (nombre ficticio para proteger la identidad).
LEA TAMBIÉN
Los CPC son la estructura más conocida de espionaje e intimidación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Operan en los barrios, a menudo con personas de la misma comunidad que realizan un aparente “trabajo voluntario”. Durante años, la estructura de espías y grupos paramilitares ha sido un secreto a voces, pero una base de datos oficial a la que accedió esta investigación de Nicaragua Investiga y Connectas revela que el FSLN aparece ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) registrado como empleador. Y que tiene una planilla de 1.081 “trabajadores” que cobran un salario que va desde los 9.000 hasta los 100.000 córdobas (de 250 a 2.900 dólares).
El FSLN es un partido político con ingresos millonarios. Foto:EFE/Jorge Torres
El FSLN está registrado ante el INSS con el número de empleador 750893, con el objetivo de que estos civiles coticen para recibir atención médica y una pensión futura, en buena parte a costa de los fondos del Estado. Por otro lado, el domicilio legal del partido está en el mismo sector donde se encuentran la Casa Presidencial y la residencia privada de Ortega y Murillo. Esta cercanía es otra señal de la estrecha interconexión entre el partido y el Estado.
Si bien no se detalla la labor precisa de estos militantes a sueldo, en la planilla al menos un 8 % de estos empleados del partido también aparecen como empleados públicos. Y algunos han tenido participación pública en casos de ataques e intimidación política durante actos oficiales en los que participaban comisionados generales de la Policía Nacional y miembros del Ejército. Y un detalle llamativo más: entre los miles de militantes pagados con recursos de los nicaragüenses, se identificó a 50 secretarios políticos del FSLN.
LEA TAMBIÉN
Para pagar los salarios de este ejército privado de Ortega y Murillo, se gastan anualmente 146’921.629 córdobas (poco más de 4 millones de dólares). A pesar de que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, el FSLN es un partido político con ingresos millonarios: según su último balance presupuestario publicado (fechado de diciembre de 2024), atesora 523’890.656,62 córdobas (unos 14 millones de dólares).
En gran parte, se trata de fondos que provienen de las arcas del Estado nicaragüense, gracias a las elecciones que ha ganado con fraude, lo cual ha sido denunciado por organizaciones de observación electoral internacional. Otra vía de financiamiento del partido es la imposición a los empleados públicos de un aporte “voluntario” mensual, que en la práctica es una cuota obligatoria que, si no se paga, expone al trabajador a una multa.
En la imagen, de julio del 2019, Daniel Ortega celebra los 40 años de la revolución sandinista. Foto:Inti Ocon. AFP
Hay denuncias de empleados públicos en diversos medios de comunicación que alegan ser presionados por secretarios políticos para que se afilien al partido. Para ello tienen que rellenar una “ficha de militancia” que sirve también como medio para recabar información sobre ellos y sus familiares. “Llega una persona de la secretaría del FSLN con recibo en mano a hacer los cobros a los trabajadores públicos. Si no dan el aporte en un mes, en el próximo se les cobra con una mora”, dijo una fuente interna del partido a esta investigación.
El exfuncionario judicial Yader Morazán relató que mientras él fue parte de la estructura de empleados públicos del Poder Judicial, se les solicitaba dinero por varias razones. Una era una cuota mensual para el partido: “Los secretarios, que son los cargos donde hay más personal, pagaban 50 córdobas; los jueces locales pagaban 150; los jueces de distrito pagaban 300, y los magistrados pagaban 500”, explicó. También dijo que les quitaban el “uno por ciento deducible del salario para los sindicatos”.
Empleo doble
Mediante un cruce de datos, se encontró que al menos 82 de los militantes registrados en la base de datos son, además, empleados en 52 instituciones públicas. Por ejemplo, algunos sandinistas a sueldo del partido trabajan también en 29 alcaldías municipales, tres instituciones públicas (el INSS; el Instituto de Sanidad y Protección Agropecuaria-Managua; y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal) y cuatro ministerios: Salud, Educación, Juventud, y Economía Familiar y Comunitaria.
Esta información coincide con un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, publicado en abril de 2025, que señala que el régimen utiliza estos mismos ministerios para labores de espionaje. Las alcaldías, por su parte, cuentan con “centros de cómputo” para centralizar la vigilancia local.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto:EFE/Cesar Pérez/Presidencia de Nicaragua
El mismo documento filtrado a Nicaragua Investiga y Connectas expone que otros empleados partidarios están también contratados en al menos cuatro universidades públicas, en la Corte Suprema de Justicia, en el Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte, en cuatro centros de capacitación y estudios, así como en dos institutos públicos y dos “módulos comunitarios de adoquinado”.
LEA TAMBIÉN
Como queda en evidencia, estos ‘soldados’ sandinistas cobran dos sueldos: uno del FSLN y otro del Gobierno, ambos con el mismo origen estatal. Sin embargo, el artículo 8 de la Ley 438 de Probidad de los Servidores Públicos prohíbe tener más de un empleo remunerado en el sector público, salvo docencia y medicina. También lo estipula la Constitución de Nicaragua.
Además, el artículo 7 de la misma normativa establece que se deben “usar las horas laborales únicamente para cumplir con las obligaciones que le fueron encomendadas” al funcionario. Y que debe “abstenerse de participar en actividades” partidarias por ser incompatibles con sus funciones.
Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Foto:EFE
El abogado nicaragüense Juan Diego Barberena afirma que, de acuerdo con la legislación, recibir un doble sueldo es “éticamente reprochable” y que constituye un delito “en perjuicio del Estado de Nicaragua que podría encuadrar como peculado”. Esto conlleva responsabilidades penales tanto para quienes contratan a estos civiles como para los contratados.
A pesar de las violaciones de la ley, la práctica del régimen de premiar con doble salario a sus más leales es muy común. Olga Valle, directora del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, sostiene que estos gastos, aunque no sean tan evidentes, afectan directamente a la población. Según ella, esto se debe a que los recursos que deberían destinarse a mejorar la educación, la salud o la infraestructura “son usados para financiar una estructura política o paramilitar”.
Ceremonia de posesión de Daniel Ortega. Foto:AFP / Presidencia de Venezuela / Zurimar Campos
“Un modelo de captura del Estado como el que existe en Nicaragua evidencia que los intereses de la familia Ortega Murillo influyen en las decisiones políticas gubernamentales para su propio beneficio, en lugar del interés público”, manifiesta Valle.
Militares y secretarios
Rodolfo Antonio Castillo, conocido como Payín, fue arrestado por la Policía del régimen el 1.º de agosto de 2025 en Managua. Hasta ese momento cobraba el sueldo más alto del FSLN cada mes: 107.949,60 córdobas (casi 3.000 dólares), según el documento fuente de esta investigación. Se presume que su captura tiene relación con la persecución para dar con su mentor, Lenin Cerna, considerado una figura clave del círculo de Ortega.
Cerna fue el temido jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior durante los ochenta; en ese tiempo se destacó por torturar a los detractores del FSLN. Su discípulo Payín formó parte de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua, donde llegó al grado de coronel. Su último cargo fue como agregado militar en España, entre 2000 y 2003. Tras su retiro, volvió a colaborar con Cerna y se presume que trabajó en la Secretaría del FSLN de 2004 hasta 2011, cuando ambos fueron desalojados de ese lugar por órdenes de Rosario Murillo.
El régimen de Daniel Ortega sigue cercando a sus opositores con detenciones. Foto:AFP
Otro de los identificados en la lista es Evertz Delgadillo Moreno, quien fue secretario político de León. Él cobra mensualmente del FSLN 43.010,75 córdobas (1.174 dólares). Según el informe publicado este año por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, Delgadillo fue responsable de graves crímenes de lesa humanidad en 2018, cuando miles de nicaragüenses se manifestaron contra el régimen.
La información que recopilan los secretarios políticos –agrega el informe– se transmite a la dirección del FSLN y se comparte con el Ejército, la Policía y el Ministerio del Interior. Este flujo de datos permite al régimen identificar y vigilar a los opositores, y facilita la toma de decisiones sobre a quién detener, expulsar del país, negar el ingreso o despojar de la nacionalidad.
LEA TAMBIÉN
José Manuel Espinoza Cantillano, conocido como Chemaya, secretario político de Chinandega, cobra un sueldo neto mensual de 43.010,75 córdobas (casi 1.200 dólares). En enero de 2025 amenazó a quienes consideran opositores, durante un acto de juramentación de los “policías voluntarios” (como llama el régimen a los paramilitares que se ponen ‘voluntariamente’ a su servicio). Estos policías voluntarios fueron legalizados por una reforma constitucional que entró en vigor en febrero.
Otro de los nombres clave en la lista de empleados del FSLN es José Jorge Acosta López, conocido como Sanyón, un comandante retirado del Ministerio del Interior. No es un simple activista, es el secretario político del departamento de Carazo y recibe del partido el mismo sueldo mensual que Chemaya.
El exguerrillero Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Foto:Maynor Valenzuela / AFP
Durante la juramentación de 1.500 “policías voluntarios” en Carazo, Acosta López también exaltó a la “policía voluntaria” por “respaldar las acciones” de la Policía. Su postura se radicalizó aún más cuando celebró abiertamente el destierro de los 222 presos políticos a EE. UU. En sus declaraciones, calificó a estos ciudadanos como “seudodirigentes de esa nueva contrarrevolución” y como agentes del “enemigo en común, el imperialismo norteamericano”.
Desvío de fondos
Un exmilitante del FSLN aseguró que en 2015, cuando él aún era parte de esa estructura, los líderes de la Juventud Sandinista recibían un sueldo del partido cada mes, pero dependía del rango. “A los municipales les dan cinco mil córdobas, y a los departamentales, diez mil. A los de barrio no les dan, solo a los líderes”, comentó la fuente. “Esto lo paga en efectivo la Secretaría del Frente Sandinista, pero no sé de dónde se saca el dinero. Yo era municipal y en aquel tiempo no me pagaban, a los municipales de ahora sí les pagan”, indicó.
El analista político Israel Lewites asegura que este sistema financia la “estructura represiva” que mantiene en el poder a la pareja Ortega-Murillo. Para él, no es de extrañar que la dictadura desvíe fondos del Estado para recompensar a aquellos que, renunciando a toda ética, delinquen a favor de lo que él llama “Familia-Partido-Estado”.
Ortega Foto:AFP
La opinión de Lewites se transforma en un hecho con esta investigación, que demuestra que el Frente Sandinista usa fondos del Estado para sostener una estructura partidaria encargada de reprimir e intimidar a los mismos ciudadanos que aportan con sus tributos ese dinero. La represión parte de una estrategia meticulosamente diseñada que se alimenta de la opacidad y la transgresión de los principios de probidad que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han institucionalizado a lo largo de casi cuatro décadas en Nicaragua.
NICARAGUA INVESTIGA Y CONNECTAS (*)
(*) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Este artículo fue editado por motivos de espacio.
